17 junio 2014

Cospedal y la escopeta nacional

¿Se imaginan un toque de queda generalizado para que nadie pueda salir al campo en los días previos y durante la celebración de cacerías? ¿Que esos días ya no se limiten a una temporada, sino que pueda cazarse durante todo el año, sin respetar la época de cría ni las de migración de la fauna? ¿La Naturaleza convertida en jaulas infranqueables, tanto para los animales como para las personas, por medio de una densa red de altas vallas metálicas? ¿Y los derechos constitucionales de los ciudadanos y la legislación medioambiental supeditados así al interés comercial y privado de los grandes productores y explotadores cinegéticos?


Todo eso y mucho más autoriza el anteproyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Una carta a los Reyes Magos promovida por el poderoso lobby de la caza intensiva, comercial y productivista y los propietarios de las grandes fincas y que el Gobierno regional de Mª Dolores de Cospedal pretende hacer realidad.


Pero no nos equivoquemos con la circunscripción territorial, no se trata de una anomalía regional: si esta Ley sale adelante en Castilla-La Mancha, este ensayo de supeditación del resto de actividades y derechos al interés de la caza comercial intensiva se extenderá a otras Comunidades Autónomas. Hay mucha expectación al respecto en el sector cinegético. 


Por ello, y por los graves perjuicios de esta normativa a la conservación de la Naturaleza, a los derechos ciudadanos -incluidos los de los demás usuarios del campo-, a las arcas públicas, así como a la propia caza, se acaba de constituir la Plataforma contra el anteproyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Una organización que agrupa ya a 32 entidades, tanto conservacionistas y ecologistas como profesionales de los agentes forestales y medioambientales, federaciones de vecinos, de deportes de montaña, de defensa de los caminos públicos, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores, ganaderos, etc. Entre otras actuaciones, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas, que va a muy buen ritmo, solicitando la retirada de este anteproyecto de Ley y que, en cambio, la normativa se ajuste a los principios de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y respeto de los derechos de todos los usuarios del medio natural.


Las razones para rechazar dicho anteproyecto de Ley se pormenorizan en este documento. Destacan, además de las citadas más arriba, el que se fomenta la producción intensiva de especies de caza como si de ganado se tratara; no se pone freno adecuado a la contaminación y degeneración génetica de dichas especies, ni a la proliferación de riesgos sanitarios; se reduce a la mitad la superficie mínima para declarar un coto, de modo que aumentarán exponencialmente los vallados; se potencia la apertura de pistas, rayas y demás infraestructuras que provocan la destrucción de la vegetación y la erosión del suelo; se reducen los trámites administrativos para eliminar a especies erróneamente consideradas "dañinas" y por medios de captura no selectivos; se incrementan las subvenciones a la promoción de la caza mientras sigue recortándose en servicios públicos esenciales; se reduce la cuantía de las sanciones de caza, se autorizan calibres hasta ahora prohibidos, continúa manteniéndose la munición de plomo pese a la contaminación y envenenamiento del medio que produce, se permite disparar desde vehículos, y el uso de armas de fuego a menores de edad desde los 14 años, etc... 


En definitiva, una Ley a la carta, que seguramente no se ha dejado fuera ni el más mínimo capricho de quienes se creen los dueños legítimos del patrimonio natural colectivo.



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