26 junio 2014

El desmantelamiento de las energías renovables

El sábado pasado cerca de diez mil personas se concentraron frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, protagonizando una manifestación histórica en defensa de las energías renovables y por el cambio hacia un modelo energético con futuro: limpio, sostenible, dependiente de recursos autóctonos, social y ambientalmente responsable, democrático y económicamente viable.


Convocada por los productores de energía fotovoltaica (Anpier) y respaldada por gran número de colectivos sociales, partidos políticos y organizaciones profesionales del sector de las energías renovables, pero también por agricultores y ganaderos, denunció públicamente el descarado apoyo gubernamental al oligopolio energético de la gran industria explotadora de los combustibles fósiles y del lobby nuclear. La campaña de manipulación emprendida por el Gobierno para demonizar las energías renovables e intoxicar a la opinión pública negando su viabilidad y rentabilidad. Y las políticas activas y gran actividad legislativa (ya iniciadas por el anterior Gobierno) para conseguir desmantelar el sector de las energías renovables en España. Que han ocasionado, por ejemplo, que desde 2010 se hayan destruido más de 30.000 empleos en el sector. O la recién dictada norma que abandona a su suerte, abocándoles a la ruina segura cuando ya faltaba muy poco para conseguir la autonomía económica, e incumpliendo los compromisos adquiridos previamente, a las cerca de 62.000 familias que invirtieron en la producción de energía fotovoltaica a instancias de la promoción y facilidades ofrecidas por el Gobierno anterior. Una estafa que bien podría llamarse la de las "preferentes solares".


Lo que haga falta con tal de eliminar la competencia que los productores de energías renovables comenzaban a ser para las grandes compañías eléctricas que monopolizan y controlan en la práctica la política energética del estado, que nos imponen un modelo energético altamente contaminante, con graves riesgos sanitarios y de seguridad, dependiente del exterior, que contribuye al cambio climático y además con la factura energética más alta de toda la Unión Europea.


En cambio, el Gobierno se vuelca, pasando por donde haya que pasar, por encima de la opinión pública mayoritaria y de los argumentos científicos, con ingeniería legalista incluida, en autorizar las prospecciones petrolíferas en las costas, el destructivo fracking, en ganar tiempo para que las centrales térmicas consuman el gas que tienen contratado o alargando temerariamente la actividad de las obsoletas centrales nucleares.


El reparto de futuros puestos bien remunerados en los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas para ciertos ministros, directores generales y otros cargos políticos ejecutivos de este Gobierno ya debe estar hecho. Que se aprieten un poco los de Gobiernos anteriores; que junten los sillones que hay que hacer sitio...




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