18 febrero 2015

Pégale fuego al monte y construye

Se ha dicho que exageran quienes denuncian que el proyecto de Ley de Montes abre la puerta a recuperar esa no tan vieja costumbre de pegarle fuego al monte para, "perdido su valor ambiental", poder recalificar el terreno y urbanizarlo. Sin embargo, el artículo 50 es claro: se podrá cambiar el uso del suelo de un monte quemado cuando se den "razones imperiosas de interés público de primer orden". ¿Alguien duda de cuáles son las razones imperiosas de quienes nos gobiernan? De hecho, esta norma deroga en la práctica la prohibición de urbanizar una zona incendiada durante los 30 años posteriores al incendio, que establecía la vigente Ley de Montes de 2003.


Pero el proyecto de Ley no se queda ahí. También exime de la obligatoriedad de que los montes cuenten con un adecuado plan de gestión, dejando al arbitrio de las Comunidades Autónomas la decisión de qué montes privados deben contar con dicho plan y cuáles pueden librarse de ello. Además, amplía a 25 años el plazo para que los propietarios que estén obligados se doten de estos planes de gestión. Con todo lo cual la planificación y gestión de los montes queda realmente en el aire. A esta desregulación general se suma el desaprovechar de nuevo la oportunidad de proteger definitivamente frente a la urbanización los montes de utilidad pública y los montes privados protectores, y no entrar tampoco en vincular y favorecer la gestión forestal para el desarrollo de las zonas rurales.


Eso sí, no han olvidado encajar a contrapelo en una Ley en la que no debería tener cabida, pues tendría que regularse dentro de la normativa específica sobre caza, una serie de medidas favorecedoras de los intereses de determinado sector del mundo cinegético, que además invaden las competencias autonómicas.


Y tampoco han olvidado culminar el acoso y derribo al que se está sometiendo en los últimos años a los agentes forestales y medioambientales. El proyecto de Ley limita gravemente sus funciones y ámbito de actuación, dificultando todavía más su función de prevención y denuncia de las agresiones al medio ambiente.


Desregulación y reducción de la vigilancia y control: legislando para la impunidad.


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